Intervención del Estado en los Mercados: Precios máximos y precios mínimos

El Estado tiene la facultad de intervenir o regular los mercados con políticas económicas específicas. Esto quiere decir que puede fijar reglas determinadas de lo que se puede hacer o no se puede hacer con determinados bienes y servicios.
A continuación analizaremos como el Estado establece políticas microeconómicas con el fin de controlar los precios del mercado. El Gobierno puede intervenir en el mercado fijando precios máximos y precios mínimos, en cualquiera de los dos casos lo que intenta es mantener los precios de determinados bienes o servicios en niveles distintos a los de equilibrio.

Precios máximos

Un Gobierno puede decidir fijar un precio máximo por varias razones, pero el objetivo es que un determinado bien o servicio se venda a un precio menor del de equilibrio, fijando un tope o techo por lo que se puede pagar por este bien o servicio.
Un precio máximo es el precio legal más alto al que puede venderse un bien.

Ejemplo:

Imaginemos que un Gobierno por razones de salud pública decide fijar un precio máximo para determinada vacuna. El precio de equilibrio de la vacuna es de $ 6 pero el Gobierno decide que se debe vender a un precio máximo de $ 4.










Precios mínimos

Como en el caso de los precios máximos un Gobierno puede decidir fijar un precio mínimo por varias razones, pero el objetivo es que un determinado bien o servicio se venda a un precio mayor del de equilibrio, fijando un piso por lo que se puede pagar por este bien o servicio.
Un precio mínimo es el precio legal más bajo al que puede venderse un bien.

Ejemplo:

Un ejemplo de un precio mínimo es la fijación de un salario mínimo. La ley 20.744 establece que no se puede pagar a un trabajador menos que el SMVM (salario mínimo vital y móvil)1
















1 Ley 20.744. Artículo 116. Concepto. Salario mínimo vital, es la menor remuneración que debe percibir en efectivo el trabajador sin cargas de familia, en su jornada legal de trabajo, de modo que le asegure alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones y previsión.